«¿Sabe usted, senador, durante cuánto tiempo van a tener que pagar nuestros hijos y nuestros nietos el exceso de primas y de déficit de tarifa? Probablemente durante veinte o treinta años». Así de dramático respondió ayer el secretario de Estado de Energía, Fernando Martí, al senador socialista Jesús Alique. En la Cámara alta se debatía sobre los Presupuestos para el próximo año, pero el acaloramiento derivó hacia el déficit de tarifa y la reforma energética que entrará en vigor el 1 de enero. En ese foro, Martí anunció que «este Gobierno se ha comprometido a no subir los peajes en el 2013». Esto quiere decir que el Ministerio de Industria dejará en manos de las eléctricas la subida del recibo de la luz el próximo año, pues el Ejecutivo congelará los costes regulados que dependen de él, esto es, las retribuciones por distribución y transporte, fundamentalmente.

Esa parte de la factura en manos del Gobierno supone en torno al 50 % del importe del recibo de la luz. La otra mitad viene determinada por las subastas trimestrales que se realizan para fijar el precio del megavatio hora producido, según la tecnología, que repercute luego en los bolsillos de los consumidores.

Que el Gobierno no suba los peajes no garantiza, en absoluto, que no suba la luz. De hecho, lo hará. Las eléctricas repercutirán a sus clientes el incremento de los costes de producción que resultarán de la reforma energética. Fuentes del sector estiman que el recibo doméstico se encarecerá en torno a un 6 % -en abril pasado ya aumentó un 7 %-, tanto como el nuevo impuesto que gravará a partir del 1 de enero la facturación por venta de electricidad.

En cambio, el expresidente de Red Eléctrica (REE) Luis Atienza cifró hace unas semanas ese incremento de la tarifa doméstica en un 5 %, y la del sector industrial, entre un 8 y un 13 %.

El agujero de 30.000 millones

Durante el debate en el Senado, Alique atacaba y Martí esquivaba las balas arrojando sobre el tejado socialista la responsabilidad de excavar, a partir del 2005, el inmenso agujero eléctrico hasta convertirlo en un monstruo de 30.000 millones a finales de este año, esto es, el triple que el presupuesto anual que maneja la Xunta. Martí achacó gran parte de ese déficit a los desmanes cometidos en la aprobación de proyectos de energía termosolar y fotovoltaica, con las primas más altas de todas las tecnologías. El secretario de Estado detalló que de termosolar se instalaron 2.500 megavatios en lugar de 400; y de fotovoltaica, 4.000 en lugar de 500.

El senador popular Juan Juncal, que será uno de los ponentes de la reforma energética, habla de «orgía de renovables» en los últimos años, «que nos ha llevado a tener un agujero como el de Bankia».

«El drama del déficit es tan grande que posiblemente el sistema quebraría, no se podría pagar a renovables ni al régimen especial y afectaría al suministro eléctrico», alertó Martí, que hace años fue presidente de la Comisión Nacional de la Energía con Gobiernos del PP.

El secretario de Estado defendió ante los senadores la creación de nuevos impuestos, subida de tarifas y el «parón» de las energías renovables, «porque ya no se pueden sostener más, no podemos financiar más», para intentar que el déficit tarifario deje de engordar en el 2013.

Pero el secretario de Estado admitió que la reforma tendrá consecuencias para el sector industrial y energético: «No sabe usted las presiones que estoy teniendo, porque por primera vez se les van a quitar 3.000 millones de euros» de las cuentas de resultados de las cinco principales empresas eléctricas.

Esa cifra aportada por Martí es el impacto que tendrá sobre las compañías el nuevo impuesto a la generación. Las eléctricas ya avanzan que, a la vista de la caída de beneficios y rentabilidad, revisarán a la baja sus planes de inversiones.