Las cinco grandes eléctricas y la gran industria ultiman hacer un frente común para trasladar algunas reivindicaciones al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y hacerle ver la necesidad de que el sector industrial cuente con precios eléctricos competitivos para capear la grave situación económica, indicaron a Europa Press en fuentes del sector.
Para lograr esta mejora competitiva, las eléctricas y la gran industria piden al Gobierno que ataje los altos costes regulados del recibo eléctrico y traslade al consumidor el coste real del suministro.
Más en concreto, advierten de que la factura de las primas a las renovables y al régimen especial, de cerca de 7.000 millones de euros al año, son insostenibles y se han convertido, a su juicio, en el principal lastre para el sistema eléctrico. Esto lleva a pagar al consumidor un sobrecoste en la tarifa que hace a la gran industria menos competitiva que los países del entorno.
Dada la excepcionalidad del momento actual y el abultado déficit de tarifa, de 24.000 millones en términos acumulados, las eléctricas no solo ven necesario impedir la instalación de nueva potencia 'verde', sino también aminorar la retribución ya comprometida durante casi treinta años con los proyectos .
Desde las eléctricas consideran que un recorte de la partida de las primas a las renovables, que garantizan a estas instalaciones una rentabilidad muy superior a la del régimen ordinario, tiene base legal si el Gobierno evoca el principio de rentabilidad suficiente contemplado en la legislación del sector eléctrico.
En las medidas de marzo para atajar el déficit de tarifa, el Gobierno subió un 7% la Tarifa de Ultimo Recurso (TUR) para los consumidores domésticos y lo hizo también un 0,91% para las grandes industrias, a las que recortó además el incentivo que reciben por la interrumpibilidad, esto es, por reducir su actividad en momentos de mucha demanda eléctrica.
El aumento del coste eléctrico, que supera en muchos casos al de personal, se suma a la complicada situación por la que atraviesan las industrias y la economía en general, atenazadas por la ausencia de crédito y el desplome de la demanda doméstica.
Por este motivo, los tres grandes consumidores españoles de electricidad, incluidos hasta hace tres años en la tarifa G4 --Alcoa, ArcelorMittal, Asturiana de Zinc-- y otros grandes grupos reclaman medidas urgentes que les permitan contar con una tarifa eléctrica especial que garantice la competitividad de la industria.
CONTRATOS BILATERALES.
Las eléctricas y la gran industria mantienen en paralelo y de forma casi continuada negociaciones acerca de las renovaciones de sus contratos de precios de suministro eléctrico dentro del mercado liberalizado.
Hasta 2009, las grandes empresas industriales contaban con una tarifa específica, la G4, que el Gobierno suprimió en pleno proceso de liberalización del suministro al considerar que resultaba incompatible con la normativa europea que establecía el fin de las tarifas reguladas en alta tensión a partir del 1 de junio de 2007.
La semana pasada, la industria del cemento pidió públicamente una reducción del precio de la energía y advirtió de la posibilidad de que se produzcan más cierres de plantas a corto plazo. El presidente de Oficemen, Juan Béjar, pidió que se pague el coste real de la generación.
Las grandes industrias del sector calculan que el coste real de la electricidad ha pasado en cinco años de tener un peso en la factura del 72% al 44%, mientras que los costes regulados se han incrementado en más del 90%.
